La periodista Rosa María Palacios ha señalado -en el diario Perú 21 del Sábado 15- la existencia de una “Guerra de Ideas”. Y ha dicho que esta guerra la estan ganando las ONGs que cuentan con financiamiento extranjero y que, además, se están entrelazando con la Iglesia Católica, organizaciones de base, autoridades locales y la población misma, para imponer su discurso anti-minero. El perdedor de esta “guerra” –según ella- es el empresariado minero que aun no ha tomado conciencia de que es parte de esta guerra.
Es cierto que existe (y siempre ha existido) la “lucha de ideas” como parte de una “lucha de clases”. El Estado peruano, que no está ajeno a la existencia de estas clases sociales, ha tomado posición por una de ellas: la clase capitalista. Y así, desde su constitución como aparato jurídico-político, siempre ha sido la expresión de los intereses de la clase (o clases) de poder. ¿Quienes son los que conforman esta clase? Pregunta fácil: los dueños de las tierras, las minas, los mares, las industrias, los bancos, financieras, seguros, comunicaciones, grandes comercios, puertos, etc. etc.
Entendiendo la naturaleza del Estado es que se puede entender el accionar del gobierno central. De esta manera, no llama la atención que el actual gobierno aprista esté del lado de la transnacional Zijin (que hoy pretende explotar los recursos cupríferos de los andes norteños a través de la Minera Majaz) como muy bien ha quedado demostrado estos días con las multiples expresiones y gestos, tanto del Presidente, como de los demás funcionarios del gobierno central y regional, así como también de todo su soporte mediático, que en ningún momento ha escatimado (ni escatimará) recursos, para defender a la gran minería industrial.
El modelo de desarrollo que se sigue implementando es el mismo que dejó instalado el ex Presidente Toledo, quien a su vez, solo continuó el camino trazado por Fujimori. Y este modelo no viene a ser otro que el modelo neoliberal que busca la flexibilización del mercado con una mínima intervención del Estado. Por eso, llama la atención que los defensores de la gran minería digan que este Estado peruano está en capacidad de fiscalizar y vigilar a las corporaciones transnacionales, haciendo cumplir las regulaciones y la normativa vigente, a fin de que se garantice un desarrollo sustentable y sostenido en las áreas donde se establezcan.
El decenio de Fujimori (1990-2000) que según sus apologistas es el “Decenio de la Minería”, sólo ha servido para poner en evidencia que el crecimiento de la riqueza, solamente es para los mineros, más no para las poblaciones de su área de influencia. Por el contrario: éstas siguen sumergidas en la pobreza, agravada por una contaminación ambiental galopante, como muy bien ha quedado demostrado con relación a la ciudad minera de La Oroya (quinto lugar en el ranking mundial de la contaminación ambiental) que no solo tiene, quizá los mas grandes vertederos tóxicos del país sino que, por añadidura, su población, sobre todo la infantil, está seriamente afectada en su salud.
Estos son los hechos concretos producidos por la actividad minera en el país. Y si la población ahora esta tomando conciencia de las consecuencias de esta actividad no es porque las onegés, la iglesia, los dirigentes comunales o las autoridades ediles la estén alienando ni poniéndolas en contra de las inversiones en este rubro (la alienación siempre ha sido potestad del Estado a través de sus instrumentos coactivos) sino, porque se dan cuenta, cual sería el camino a seguir si es que éstas se introducen en sus territorios sin mecanismo efectivos de control y protección, tanto para sus actividades productivas como para la preservación del medio ambiente.
Entonces, pues, no se trata de que las grandes mineras inviertan en campañas de promoción de las “bondades” de su actividad (y así balancear la supuesta “guerra de ideas” a su favor) sino de que inviertan en la construcción de plantas de tratamiento de residuos tóxicos; en los equipos de control del aire, ruido, gases, aguas, suelos, etc. etc. Pero, además, que el Estado propicie la participación de la población organizada en la planificación de esa “sustentabilidad” del desarrollo. Y para ello es necesario que exista vocación de diálogo, entre todos los actores sociales, comprometidos con un auténtico desarrollo minero, sin comillas.
Hace 3 meses
3 comentarios:
A mi entender, lo que pide usted en el último párrafo es más de lo que se puede esperar, ni de las empresas ni del Estado que defiende y gestiona un sistema capitalista. Está en la naturaleza profunda de las empresas capitalistas buscar exclusivamente el beneficio empresarial, quedando para el capítulo de la propaganda todas las consideraciones habituales sobre el "papel social de las empresas".
En cuanto al Estado, el neoliberalismo lo que hace es coger lo mejor de ambos mundos: el liberal y el socialista, pero adaptándolo a su propio interés. Así, cierra lo más rápido posible el sector público en todos los campos y lo reparte entre las empresas privadas, pero después,cuando éstas no son gestionadas eficazmente (o mejor dicho, cuando son gestionadas de manera extraordinariamente eficaz de cara a la cuenta de resultados de sus dueños, pero muy mal de cara a los intereses de la sociedad), entonces interviene bien para sacar de problemas a la privada, bien para favorecerla aún más.
Sólo con una política sumida globalmente por la sociedad que tienda hacia el desarrollo de un sector público democráticamente gestionado (no sólo en las formas, sino también en los objetivos de servicio a la comunidad), se podrá salir de esa espiral de decadencia en la que quiene únicamente pierden son los más pobres. Y, como bien dice usted, lo que pierden es mucho: la vida.
Totalmente de acuerdo con el amigo af en que el papel del Estado no es otro que el de simple gestor del modelo neoliberal en la medida que la sociedad solo sea un actor pasivo dentro de la dinamica del desarrollo. Considero que la sociedad debe buscar la forma de ir ganando empoderamiento a fin de crear contrapesos frente al poder de la empresa, pero esto implicaria un compromiso real y efectivo del gobierno en pro de la democratizacion del poder, cosa que por el momento, lo veo muy dificil por los compromisos que ha efectuado el gobierno aprista con las transnacionales.
Rosa Maria Palacios regreso de Estados Unidos, pais que tanto admira, pues alli era una simple abogaducha de medio pelo, y no gozaba de las prebendas y conciliabulos que les permiten en Peru las empresas quienes auspician su programa asi como los dueños de los medios de comunicacion, o sea sus patrones.
Como no podia competir en un mercado como el americano, pues esta clara su mediocridad en el lado legal, regresa al Peru, y sus amigotes le dan cabida en el "periodismo".
Rosa Vendida
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