Caso Majaz: a pocas horas de la consulta popular

A pocas horas de la consulta ciudadana en los andes piuranos, no puedo dejar de pensar en la controversia desatada por el Caso Majaz. Casi todos los diarios capitalinos salen a defender la "sacrosanta" inversión minera, señalando que los argumentos de la población de que se veran afectados por la contaminación del ecosistema donde viven, son infundados. Aseguran que el Estado, en los últimos años -a través de sus gobiernos de Fujimori y Toledo- han emitido y seguirán emitiendo leyes y normas para preservar el medio ambiente y garantizando el "desarrollo sostenible" donde operen dichas mineras.

Como se sabe, el consorcio chino Zijin, propietario de la Minera Majaz, tiene todo listo para invertir miles de millones de dolares en la extracción del cobre y molibdeno (según los informes de la anterior propietaria inglesa Monterrico Metals, las reservas cupríferas se estiman en más de un billón de toneladas, hecho que determinaría la presencia de esta nueva corporación china por muchas décadas en los andes norteños). La extracción de este preciado mineral sería a “cielo descubierto” empezando a tirar abajo, en primer lugar, el cerro “Henry’s Hill (bautizado así por los exploradores ingleses) y luego los restantes, dentro de un área concesionada de más de 27,000 hectáreas. ¿Cuáles serían las consecuencias de toda esta gigantesca devastación de los hermosos páramos y bosques húmedos (donde se originan las fuentes de cristalinas aguas, elemento vital de la vida misma), comprendidos dentro del área de explotación? ¿Cuáles serían las consecuencias para la agricultura, ganadería y pesca de la región? ¿Cuáles serían los riesgos para el ecosistema andino y la cuenca amazónica? Dejo, a propósito de estas preguntas, una interesante reflexión del periodista César Hildebrandt, quizá el mas lúcido de todos estos tiempos:

“La derecha ha dicho siempre que este es un país minero. Lo que debería decir es que este país es una mina para los mineros. Porque aquí los gobiernos se arrastran ante el poder del dinero y ofrecen las mejores rega­lías, los menores cánones, los óbolos más cómodos a la hora de las hiperganancias. Este es el país de las maravillas a la hora de las repartijas sombrías..."

"...Entonces, vienen los mineros de afuera, vienen los mineros Corporation y dinamitan paisajes puestos allí por la paciencia de los vientos más antiguos del mundo, enrojecen los ríos donde ovaban las truchas, pudren el cielo, ahuyentan a los pájaros, maldicen las orillas con sus miasmas, roban el agua que luego otros Corporation querrán privatizar porque escasea, desahucian a las nubes, perforan las montañas sin ningún respeto y a toda esa venganza tóxica del hombre sobre lo que no es suyo le llaman “progreso”, “globalización”, “economía de mercado” y “aprismo, ahora sí, sensato y agradable”. ("La Apra y la Minería": La Primera, 13.09.2007).

Ciertamente, la minería es un rublo que genera divisas. Pero, también es cierto que en nuestro país, la minería industrial, ha traído graves consecuencias por la agudización de los desequilibrios ecológicos en las zonas donde se ha instalado. El caso de La Oroya es el más emblemático por ser una de las zonas más contaminadas del mundo. Sin embargo la transnacional Doe Run -dueña del mayor complejo minero-metalúrgico del Perú, instalada, precisamente, en esta región- se niega a implementar, hasta el momento, los equipos de control de aire para reducir la emisión de gases tóxicos, así como también de construir una planta de ácido sulfúrico para capturar las grandes cantidades de óxido de azufre de sus plantas que son arrojados al río Mantaro, y se niega a descontaminar los suelos y las áreas urbanas, donde se asientan más de 30,000 pobladores.

Los defensores de las mineras transnacionales nos dicen que el Estado está en capacidad de vigilar y fiscalizar a estas corporaciones y que tenemos los medios para hacerlo. Por supuesto que las normas están dadas, pero la experiencia concreta demuestra que estas compañías siempre le sacan la vuelta al Estado. El caso concreto de Doe Run es elocuente, por cuanto desde el año 1997 (fecha en que se instaló en La Oroya), viene engañando a nuestros funcionarios y retrasando los compromisos a que se había comprometido desde antes de entrar en funcionamiento. Así pues, creer en los "cánticos de sirena", de que nuestras autoridades van a hacer cumplir la ley, no se lo creen ni ellos mismos. Esto, desde luego, sin mencionar los casos de corrupción que campea en casi todas las esferas del gobierno, como muy bien ha quedado demostrado con el Caso Majaz, es decir, que sin contar con las licencias y permisos reglamentarios, esta minera ha venido operando en los territorios de las comunidades campesinas a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales.

Esperemos que este controversial caso se solucione dentro de los cánones de la democracia, la justicia y la equidad para todos los actores sociales. La represión a que han estado sometidos todos estos últimos cinco años los pobladores de Yanta, Segunda y Cajas (donde ya se cuentan dos dirigentes muertos y cientos de heridos y detenidos acusados de "terrorismo") debe dejarse atrás. La consulta popular, no importa si es vinculante o no lo es, debe servir como un termómetro para ver las inquietudes, aspiraciones y necesidades de los pobladores a quienes, por ningún motivo, el Estado y sus autoridades, deben hacer oídos sordos y vistas ciegas.