jueves, 24 de enero de 2008

MONICA FERIA O LA POLITICA DEL “AJUSTE DE CUENTAS”


Como era previsible la Corte Suprema del Perú declaró procedente la extradición de la abogada Mónica Feria detenida por la Interpol el 28 de Diciembre en Alemania. ¿Las imputaciones? Ser “…autora de los delitos contra la tranquilidad pública en las modalidades de apología del delito y terrorismo en agravio del Estado Peruano”.

Pero, ¿quién es la nueva extraditable y por qué concita tanta atención de los medios (des)informativos y de algunos sectores del establishment político? Su nombre completo es Jesús Mónica Feria Tinta y salió a la palestra internacional cuando en Junio de 1997 se acercó a la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado Peruano por la masacre, ejecución extrajudicial y torturas contra prisioneros por subversión en el Penal “Miguel Castro Castro” (Canto Grande - Lima), efectuado entre el 6 al 9 de Mayo de 1992. En esos aciagos días de la matanza de prisioneros, ella estuvo encarcelada en el Pabellón de Mujeres 1A de dicho centro penal supuestamente por ser colaboradora de Sendero ( fue detenida el 13 de abril del 92 por el delito de “haber ayudado a periodistas británicos a que entrevisten a una columna guerrillera de Sendero Luminoso en Ayacucho”). Fue, por consiguiente, una de las sobrevivientes de la “barbarie de Castro Castro” y testigo presencial de primera fila de este ataque militar contra indefensos prisioneros.

Tras haber estado un año y tres meses encarcelada (en las peores condiciones que puede sufrir un inculpado por “terrorismo”) un tribunal sin rostro la absolvió por insuficiencia de pruebas. En 1993 viajó a Inglaterra donde se dedicó a los estudios de post grado, particularmente, del Derecho Internacional y a la defensa legal de las víctimas de la represión del régimen fujimontesinista. Por esta labor de defensa de los Derechos Humanos la fundación Gruber de Georgetown University Law Center en Washington, le otorgó, el 10 de octubre del 2007, el “Premio Justicia”.

El reconocimiento internacional a su indoblegable lucha contra las violaciones de los DDHH (no solo del Perú sino también de otras partes del mundo), desató las iras de toda la clase política que sostiene al actual régimen apro-fujimontesinista -y por supuesto de todo su soporte mediático- que no le perdona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado Peruano por los crímenes de Castro Castro. Por ello no tuvieron mejor idea que reavivar el viejo juicio de “apología del terrorismo” -del cual ya había sido absuelta- y pedir su captura internacional (hecho que fue consumado luego de las ultimas fiestas de Navidad) y, ahora, su extradición al Perú.

La intencionalidad de socavar la imagen de la abogada internacionalista es más transparente que las aguas diáfanas de un manantial andino. Por ello no sorprende que la ministra de Justicia Rosario Fernández declare que este caso es “tan emblemático” y que “el Estado no puede darse el lujo que (la extradición) se quiebre por vencimiento de plazos”. Ahora –para la Justicia Peruana- todo está sobre rieles. El problema, sin embargo, es que hasta el momento no se conoce si el tipo penal que se le imputa es “pertenencia a la organización senderista, colaboración, apología o actos concretos de violencia”, como muy bien lo ha señalado el doctor Marcos Ibazeta (ex presidente de la Sala Penal para casos de Terrorismo).

Los “delitos” por los que se los quiere castigar a Mónica Feria no pueden ser otros mas que haber sobrevivido al infierno de la masacre del penal Castro Castro (Canto Grande) y haber tenido el coraje de denunciar a los principales responsables de este genocidio político: Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El primero como jefe de Estado, el segundo como jefe de los servicios de inteligencia. Mónica Feria preparó para tal fin 564 páginas de alegatos, exponiendo y presentado pruebas de que los hechos ocurridos en el penal de Castro Castro fue un asalto militar (con participación conjunta de las fuerzas especiales de la policía y de las fuerzas armadas ) planificado y ordenado desde los más alto del poder con la intención de exterminar a los presos y no un ataque provocado por un motín, tal como habían asegurado hasta el cansancio, los funcionarios del régimen. También había logrado recopìlar un legajo de 700 páginas en el que se exponían los mil y un actos de torturas a los que fueron sometidos todos los sobrevivientes de la masacre.

Su relato no puede ser más estremecedor: “La masacre empezó a las cuatro de la madrugada del 6 de mayo con una fuerte explosión. Hicieron uso de granadas, cohetes y helicópteros para entrar en la cárcel que tenía 548 reclusos. El pabellón 1A albergaba a aproximadamente 130 reclusas, entre ellas varias embarazadas y ancianas. Las fuerzas de seguridad aplicaron gases de fósforo blanco contra nosotras y terminaron la demolición del pabellón lanzando cohetes desde un helicóptero. Muchos lograron escaparse. Yo gateé sobre mis codos encima de cadáveres todavía calientes y cubiertos de sangre. Varios reos fueron fusilados por francotiradores. En la noche del 7 de mayo el pabellón fue destruido piso por piso mediante bombas y explosivos. Sacaron a los heridos pero sólo para dejarles morir fuera. Cuando los presos y presas salieron del pabellón el 9 de mayo después de cuatro días de ataque, privados de su sueño, sin agua y alimentos, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los presos indefensos. Las mujeres presas que fueron trasladadas al hospital en camiones fueron expuestas a violencia indecible perpetrada por hombres encapuchados; los hombres presos que habían sobrevivido permanecieron sin atención médica por casi dos semanas. Todos los sobrevivientes fueron sometidos a torturas sistemáticas: a un sistema de muerte lenta.”

Desde que comenzó el operativo (cínicamente denominado “Mudanza I”) Fujimori estuvo al tanto desde el Pentagonito conjuntamente con su Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares. El día 10 (fecha en que finalmente acabó la masacre) se apersonó a la semi derruida cárcel para constatar in situ los efectos del ataque aprobando los resultados. Y los resultados fueron éstos: 43 muertos, 184 heridos y un número indeterminado (pero mucho mayor que muertos y heridos) expuestos a torturas en las diferentes cárceles a donde fueron trasladados.

Si se llegó a saber la verdad de la “matanza de Canto Grande” (o Castro Castro) fue en gran parte producto del trabajo y la perseverancia de Mónica Feria. Y esto no se lo pueden perdonar nunca las élites de poder y sus representantes enquistados en todo el andamiaje del Estado represor. Y por eso toda esta bullaranga de la extradición que han armado y que tendrá como triste final ser solo eso: una bullaranga.


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viernes, 18 de enero de 2008

LAS FARC Y EL "ACUERDO HUMANITARIO"


Es obvio que las FARC no despiertan entusiasmos. Tampoco indiferencia. Y por ello todo el mundo ha tomado posiciones ya sea a favor o en contra. Los primeros (los que están a favor) son los menos, porque los casi 50 años de lucha guerrillera han terminado por hacer perder la perspectiva de si la lucha armada es un medio (para capturar el Poder del Estado) o un fin (en sí mismo).

Los que están en contra los llaman “terroristas”. No por los objetivos que persiguen sino por algunos métodos que emplea (secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones, etc.). El secuestro de civiles, obviamente, es un acto de terrorismo. Sin embargo, parece discutible que fueran tantas las personas secuestradas según nos refieren los medios de (des)información. Particularmente, pienso que para mantener a mas de 700 personas secuestradas se necesita mucha capacidad de organización y tener amplio dominio de extensas zonas dentro del territorio colombiano (hecho que las autoridades niegan) ¿Lo tendrán? Y si lo tienen ¿por qué se les niega esta capacidad de control de ciertas zonas? ¿Lo harán para no reconocerles el estatus de fuerzas beligerantes?

La evidencia empírica demuestra que las FARC son en la práctica fuerzas de beligerancia aun cuando no se las reconozca formalmente como tales. Lo que hizo el presidente Chávez (luego de la liberación de la congresista Consuelo Gonzáles y la abogada Clara Rojas) fue simplemente reconocer este hecho y plantear a la comunidad internacional que no se las siga motejando de “terroristas” para facilitar un posible “Acuerdo Humanitario”. Pero, ¿por qué esa obstinación en seguir designándoselas como "terroristas"? La respuesta no puede ser más desalentadora: porque, de este modo, es mucho más fácil para el gobierno colombiano seguir disponiendo del financiamiento de los EEUU para la implementación de las operaciones conjuntas en el marco de la “lucha contra el terrorismo mundial”. Las famosas operaciones militares “Colombia”, “Patriota” y “Victoria” se encuadran dentro de esta línea de acción.

Asimismo, al gobierno de George Bush también le interesa que las FARC sigan siendo “terroristas” o “narcoterroristas” porque así puede seguir disponiendo de los miles de millones de dólares que les aprueba su cámara de representantes en su lucha contra el “terrorismo global”. Obviamente que el dinero no lo es todo y por ello también destinan recursos humanos altamente capacitados en las luchas contrainsurgentes de todo el orbe (agentes de la CIA, “asesores” militares, mercenarios, etc.) Y por supuesto no podían faltar los recursos tecnológicos altamente sofisticados que -para el caso colombiano- solo son comparables con los que se destinan a Israel.

Pero, ni con toda esta brutal ofensiva contraguerrillera han logrado debilitar a las FARC. Ni el Plan Colombia I y II, ni el Plan Patriota (ni el Plan Victoria en lo que va de su campaña) pudieron derrotarlas militarmente. ¿Cuánto costó el “Plan Colombia”? La friolera de 7,500 millones de dólares. ¿Cuánto costó el “Plan Patriota”? Las cifras reales son un misterio pero los analistas sospechan que no estarían muy lejos del costo de la primera. ¿Cuánto cuesta el Plan Victoria? Secreto de Estado. Miles de millones de dólares, miles de soldados profesionales de las fuerzas armadas colombianas (15 mil la primera, 18 mil la segunda), miles de mercenarios equipados por los EEUU con armamento ultra moderno. ¿El resultado? Un total fracaso.

Si de verdad se quiere que el Estado colombiano y las FARC lleguen a un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de los rehenes secuestrados se necesita hacer transigencias por ambos lados. Ya lo ha señalado la senadora colombiana Piedad Córdova: “la gente tiene que entender que efectivamente las FARC son un ejército, son un sujeto político en el país, son una realidad política” Si los demás actores políticos también tuvieran la misma percepción, creo que el camino estaría expedito para llegar a la ansiada liberación de todos los secuestrados. Pero, además se necesita voluntad política y tal parece que de parte del gobierno colombiano aun no existe. Ojalá nos equivoquemos. Y ojalá que la presión internacional pueda aprovechar esta coyuntura y lograr lo que es el sueño de todo el mundo: ver liberada a la ex candidata Ingrid Betancourt. Y, por supuesto, de todos los secuestrados.

El sueño de los imperialistas y de las clases de poder tendrán que quedarse en lo que son: simples quimeras ¿Cuáles son esos sueños? La derrota ideológica, política y militar de las FARC.