¡GRACIAS CHILE!

Cuando esta mañana leyendo los diarios on line me doy con la noticia de que la justicia chilena había concedido la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, a los tribunales de justicia del Perú, no pude menos que exclamar a voz en cuello: ¡Gracias Chile!

Sabía, en lo más recóndito de mi ser, que la Corte Suprema chilena no podía "fallar" esta vez; sin embargo, el fantasma del "Caso Pinochet" venía a espantar mi buen augurio. Y, además, estaba latente el precedente dejado por el juez Orlando Alvárez que había rechazado en primera instancia, la extradición de este "señor", por considerarla que no habían las pruebas suficientes para tal efecto. Pero, algo me decía muy dentro de mí, que ese dicho tan popular que dice que "la justicia tarda, pero llega" es muy cierto y tenía que llegar, no importa tarde. Preferible tarde, antes que nunca. Y así fue.

Los casi diez años que llevo viviendo en la República de Chile me han hecho sentir por este país un gran respeto y una admiración por su clase política. Y, obviamente, por todas sus instituciones públicas y, en particular, por su Poder Judicial. Ese mismo Poder, que cuando se le pregunta a unos de sus funcionarios, concretamente al Dr. Alberto Chaigneau (Presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile), si tuvieron alguna presión (de algún poder del Estado), para dictar sentencia, responde airado: "¡Qué presiones, hombre por Dios!. Eso es no conocer el Poder Judicial (...) Es cuestión de conocernos a nosotros para darse cuenta de que no nos van a presionar"; aseveró en tono conciso y determinante. ¡Ese es el Poder Judicial de Chile!.

Este 21 de Setiembre del 2007 tiene que ser una fecha histórica. El primer país latinoaméricano y, quizá del mundo entero, que extradita a un ex primer mandatario por delitos de corrupción y lesa humanidad. Esta resolución tiene que servir de ejemplo a toda la comunidad internacional para que los delitos contra los derechos humanos no queden impunes y puedan ser sancionados de acuerdo a lo estabecido en las jurisprudencias nacionales e internacionales. Y tengan la seguridad de que el Perú, le dará el debido proceso a este ex funcionario -cosa que él nunca hizo- cuando fue el "mandamás" en el país. Y, ojalá, que la sentencia que dictamine la justicia peruana, pueda inhibir a futuros dictadores o autocrátas para que no sigan avasallando los DDHH y las libertades civiles. ¡Dios quiera que así sea!.

Rosa María Palacios o la "Guerra de las Ideas"

La periodista Rosa María Palacios ha señalado -en el diario Perú 21 del Sábado 15- la existencia de una “Guerra de Ideas”. Y ha dicho que esta guerra la estan ganando las ONGs que cuentan con financiamiento extranjero y que, además, se están entrelazando con la Iglesia Católica, organizaciones de base, autoridades locales y la población misma, para imponer su discurso anti-minero. El perdedor de esta “guerra” –según ella- es el empresariado minero que aun no ha tomado conciencia de que es parte de esta guerra.

Es cierto que existe (y siempre ha existido) la “lucha de ideas” como parte de una “lucha de clases”. El Estado peruano, que no está ajeno a la existencia de estas clases sociales, ha tomado posición por una de ellas: la clase capitalista. Y así, desde su constitución como aparato jurídico-político, siempre ha sido la expresión de los intereses de la clase (o clases) de poder. ¿Quienes son los que conforman esta clase? Pregunta fácil: los dueños de las tierras, las minas, los mares, las industrias, los bancos, financieras, seguros, comunicaciones, grandes comercios, puertos, etc. etc.

Entendiendo la naturaleza del Estado es que se puede entender el accionar del gobierno central. De esta manera, no llama la atención que el actual gobierno aprista esté del lado de la transnacional Zijin (que hoy pretende explotar los recursos cupríferos de los andes norteños a través de la Minera Majaz) como muy bien ha quedado demostrado estos días con las multiples expresiones y gestos, tanto del Presidente, como de los demás funcionarios del gobierno central y regional, así como también de todo su soporte mediático, que en ningún momento ha escatimado (ni escatimará) recursos, para defender a la gran minería industrial.

El modelo de desarrollo que se sigue implementando es el mismo que dejó instalado el ex Presidente Toledo, quien a su vez, solo continuó el camino trazado por Fujimori. Y este modelo no viene a ser otro que el modelo neoliberal que busca la flexibilización del mercado con una mínima intervención del Estado. Por eso, llama la atención que los defensores de la gran minería digan que este Estado peruano está en capacidad de fiscalizar y vigilar a las corporaciones transnacionales, haciendo cumplir las regulaciones y la normativa vigente, a fin de que se garantice un desarrollo sustentable y sostenido en las áreas donde se establezcan.

El decenio de Fujimori (1990-2000) que según sus apologistas es el “Decenio de la Minería”, sólo ha servido para poner en evidencia que el crecimiento de la riqueza, solamente es para los mineros, más no para las poblaciones de su área de influencia. Por el contrario: éstas siguen sumergidas en la pobreza, agravada por una contaminación ambiental galopante, como muy bien ha quedado demostrado con relación a la ciudad minera de La Oroya (quinto lugar en el ranking mundial de la contaminación ambiental) que no solo tiene, quizá los mas grandes vertederos tóxicos del país sino que, por añadidura, su población, sobre todo la infantil, está seriamente afectada en su salud.

Estos son los hechos concretos producidos por la actividad minera en el país. Y si la población ahora esta tomando conciencia de las consecuencias de esta actividad no es porque las onegés, la iglesia, los dirigentes comunales o las autoridades ediles la estén alienando ni poniéndolas en contra de las inversiones en este rubro (la alienación siempre ha sido potestad del Estado a través de sus instrumentos coactivos) sino, porque se dan cuenta, cual sería el camino a seguir si es que éstas se introducen en sus territorios sin mecanismo efectivos de control y protección, tanto para sus actividades productivas como para la preservación del medio ambiente.

Entonces, pues, no se trata de que las grandes mineras inviertan en campañas de promoción de las “bondades” de su actividad (y así balancear la supuesta “guerra de ideas” a su favor) sino de que inviertan en la construcción de plantas de tratamiento de residuos tóxicos; en los equipos de control del aire, ruido, gases, aguas, suelos, etc. etc. Pero, además, que el Estado propicie la participación de la población organizada en la planificación de esa “sustentabilidad” del desarrollo. Y para ello es necesario que exista vocación de diálogo, entre todos los actores sociales, comprometidos con un auténtico desarrollo minero, sin comillas.

Caso Majaz: a pocas horas de la consulta popular

A pocas horas de la consulta ciudadana en los andes piuranos, no puedo dejar de pensar en la controversia desatada por el Caso Majaz. Casi todos los diarios capitalinos salen a defender la "sacrosanta" inversión minera, señalando que los argumentos de la población de que se veran afectados por la contaminación del ecosistema donde viven, son infundados. Aseguran que el Estado, en los últimos años -a través de sus gobiernos de Fujimori y Toledo- han emitido y seguirán emitiendo leyes y normas para preservar el medio ambiente y garantizando el "desarrollo sostenible" donde operen dichas mineras.

Como se sabe, el consorcio chino Zijin, propietario de la Minera Majaz, tiene todo listo para invertir miles de millones de dolares en la extracción del cobre y molibdeno (según los informes de la anterior propietaria inglesa Monterrico Metals, las reservas cupríferas se estiman en más de un billón de toneladas, hecho que determinaría la presencia de esta nueva corporación china por muchas décadas en los andes norteños). La extracción de este preciado mineral sería a “cielo descubierto” empezando a tirar abajo, en primer lugar, el cerro “Henry’s Hill (bautizado así por los exploradores ingleses) y luego los restantes, dentro de un área concesionada de más de 27,000 hectáreas. ¿Cuáles serían las consecuencias de toda esta gigantesca devastación de los hermosos páramos y bosques húmedos (donde se originan las fuentes de cristalinas aguas, elemento vital de la vida misma), comprendidos dentro del área de explotación? ¿Cuáles serían las consecuencias para la agricultura, ganadería y pesca de la región? ¿Cuáles serían los riesgos para el ecosistema andino y la cuenca amazónica? Dejo, a propósito de estas preguntas, una interesante reflexión del periodista César Hildebrandt, quizá el mas lúcido de todos estos tiempos:

“La derecha ha dicho siempre que este es un país minero. Lo que debería decir es que este país es una mina para los mineros. Porque aquí los gobiernos se arrastran ante el poder del dinero y ofrecen las mejores rega­lías, los menores cánones, los óbolos más cómodos a la hora de las hiperganancias. Este es el país de las maravillas a la hora de las repartijas sombrías..."

"...Entonces, vienen los mineros de afuera, vienen los mineros Corporation y dinamitan paisajes puestos allí por la paciencia de los vientos más antiguos del mundo, enrojecen los ríos donde ovaban las truchas, pudren el cielo, ahuyentan a los pájaros, maldicen las orillas con sus miasmas, roban el agua que luego otros Corporation querrán privatizar porque escasea, desahucian a las nubes, perforan las montañas sin ningún respeto y a toda esa venganza tóxica del hombre sobre lo que no es suyo le llaman “progreso”, “globalización”, “economía de mercado” y “aprismo, ahora sí, sensato y agradable”. ("La Apra y la Minería": La Primera, 13.09.2007).

Ciertamente, la minería es un rublo que genera divisas. Pero, también es cierto que en nuestro país, la minería industrial, ha traído graves consecuencias por la agudización de los desequilibrios ecológicos en las zonas donde se ha instalado. El caso de La Oroya es el más emblemático por ser una de las zonas más contaminadas del mundo. Sin embargo la transnacional Doe Run -dueña del mayor complejo minero-metalúrgico del Perú, instalada, precisamente, en esta región- se niega a implementar, hasta el momento, los equipos de control de aire para reducir la emisión de gases tóxicos, así como también de construir una planta de ácido sulfúrico para capturar las grandes cantidades de óxido de azufre de sus plantas que son arrojados al río Mantaro, y se niega a descontaminar los suelos y las áreas urbanas, donde se asientan más de 30,000 pobladores.

Los defensores de las mineras transnacionales nos dicen que el Estado está en capacidad de vigilar y fiscalizar a estas corporaciones y que tenemos los medios para hacerlo. Por supuesto que las normas están dadas, pero la experiencia concreta demuestra que estas compañías siempre le sacan la vuelta al Estado. El caso concreto de Doe Run es elocuente, por cuanto desde el año 1997 (fecha en que se instaló en La Oroya), viene engañando a nuestros funcionarios y retrasando los compromisos a que se había comprometido desde antes de entrar en funcionamiento. Así pues, creer en los "cánticos de sirena", de que nuestras autoridades van a hacer cumplir la ley, no se lo creen ni ellos mismos. Esto, desde luego, sin mencionar los casos de corrupción que campea en casi todas las esferas del gobierno, como muy bien ha quedado demostrado con el Caso Majaz, es decir, que sin contar con las licencias y permisos reglamentarios, esta minera ha venido operando en los territorios de las comunidades campesinas a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales.

Esperemos que este controversial caso se solucione dentro de los cánones de la democracia, la justicia y la equidad para todos los actores sociales. La represión a que han estado sometidos todos estos últimos cinco años los pobladores de Yanta, Segunda y Cajas (donde ya se cuentan dos dirigentes muertos y cientos de heridos y detenidos acusados de "terrorismo") debe dejarse atrás. La consulta popular, no importa si es vinculante o no lo es, debe servir como un termómetro para ver las inquietudes, aspiraciones y necesidades de los pobladores a quienes, por ningún motivo, el Estado y sus autoridades, deben hacer oídos sordos y vistas ciegas.

La ONU aprueba Carta de los Derechos Indígenas

La Asamblea General de la ONU sancionó el día de ayer, 13 de setiembre, "La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas", que amparará a los más de 370 millones de personas que integran estos grupos.

El texto se suscribió tras 22 años de luchas por los derechos de los indígenas y fue ratificado con 143 votos a favor. Se produjeron 11 abstenciones y cuatro votos en contra: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

El documento, que no es jurídicamente vinculante, consta de 46 artículos y establece los parámetros que permiten a las poblaciones indígenas conservar su cultura y su identidad.

Éstos incluyen el derecho a la autodeterminación, el respeto a la propiedad de las tierras en las que se asientan y al uso de los recursos que hay en ella.

La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas también se refiere a la importancia de la educación bilingüe y a la necesidad de tomar medidas que contribuyan al bienestar de mujeres, niños y ancianos.

Los Países en contra de esta "Declaración de los Derechos Indígenas"

Los países que se opusieron a la propuesta señalaron que no podían apoyarla porque entraba en conflicto con la legislación nacional y los principios del sistema democrático.

Uno de los aspectos más polémicos del texto fue el referido a la protección jurídica que los Estados tienen que darle al lugar en el que viven los indígenas.

De acuerdo al documento no se puede tomar ninguna decisión con respecto a las tierras "sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa".

"Desafortunadamente las provisiones con respecto al tema de la tierra se prestan a una variedad de interpretaciones (...) y cuestionan aspectos que se han establecido con anterioridad", afirmó el embajador canadiense John McNee.

Tras el acuerdo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los gobiernos a agilizar la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la concepción de las políticas públicas para que la visión, tras la propuesta, se materialice lo más pronto posible.

Celebración de esta Carta de los Derechos de los Indígenas

La decisión de la ONU fue motivo de celebración para el presidente de Bolivia, Evo Morales, que la calificó de "histórica".

Según Morales, que es un indígena aymara, el documento aprobado por la ONU es muy importante para proteger los derechos de los pueblos indígenas y reconoce que estos pueblos han sido tratados durante siglos como ciudadanos de segunda o tercera clase.

"Quienes todavía nos tratan de ignorantes, de tontos, de animales, ahora entiendan (que) el mundo entero reconoce que hay que eliminar el racismo", proclamó Morales, el primer indígena que ocupa la Presidencia de Bolivia, ante una concentración de campesinos en el distrito central de Cochabamba.

"Una gran victoria"

"Significa una gran victoria para los derechos humanos y particularmente para los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es un ladrillo más en la estructura de protección universal de los derechos humanos. Y ... aunque los indígenas, como ciudadanos de sus diversos países, gozan de los mismos derechos humanos universales, que ya existen en distintos instrumentos internacionales, la mayoría de ellos han estado sistemáticamente excluídos y desprotegidos de la aplicación real de esos derechos", puntualizó Rodolfo Stavenhagen, el relator especial de la ONU para los Derechos de los Indígenas.

Fuente: BBC Mundo

A propósito de la discriminación racial

El enfrentamiento entre las congresistas Martha Hildebrandt y María Sumire ha puesto en evidencia una práctica generalizada y constante en la sociedad peruana: la discriminación racial.

La discriminación racial -que no es otra cosa que la práctica sistemática del racismo- es ejercida por todas aquellas personas que se sienten parte de un grupo racial dominante (que generalmente es la raza blanca), contra aquellos grupos raciales a los que consideran inferiores (indios).

Su génesis y desarrollo de estas prácticas sociales de segregación racial las encontramos en el mismo momento que se produce el choque de las dos culturas. Como consecuencia de ello surge una cultura dominante (civilización occidental judeo-cristiana) y una cultura dominada (civilización andina). El colonialismo impuesto a sangre y fuego no solo aniquiló a pueblos enteros de indígenas (genocidios) con el fin de usurpar sus tierras comunales sino que, además, desestructuró sus valores culturales ("evangelización de indios") introduciendo una religión (católica) ajena a sus concepciones del mundo y de la vida y que, en muchos casos, condujo a la eliminación total de grupos étnicos culturales (etnocidios). Su visión etnocentrista lo justificaba todo y por ello era de máximo interés para la iglesia y para la corona española realizar las famosas campañas de "erradicación de idolatrías". Recuérdese que en la campaña de erradicación del culto a Pariaqaqa se fundieron mas de 30 mil objetos de oro como muy bien quedó consignado por el cura Francisco de Avila.

Con el advenimiento de la república, la situación de las culturas indígenas sigue siendo la misma. Formalmente se les reconoce algunos derechos pero en la práctica el derecho imperante sigue siendo la de los latifundistas, hacendados y grandes mineros quienes en sus extensas propiedades son los amos de "horca y cuchillo" (dueños de vidas humanas) en las que, ni por asomo, existe la presencia del Estado. Solo a partir de los movimientos agrarios en el sur y, en particular, con la reforma agraria de Velasco es que las comunidades étnico-culturales empiezan a ser revalorizadas y sus lenguas a ser reconocidas. Sin embargo, esto no viene a ser mas que simples declaraciones formales porque en el fondo sigue la misma marginación, nuevas formas de explotación y la discriminación racial de siempre.

Los "aluviones" de indígenas y mestizos (cholos) que se vuelcan a las ciudades costeras y, principalmente, a la capital, viene a confirmar que la segregación racial está mas viva que nunca. Y que está vigente en casi todos los niveles de la institucionalidad civil, pese a que ciertas leyes y normas lo condenan. Los productos culturales no son mas que un sistema de signos cuyo contenido siempre es el mismo: la ideología de las élites de poder. Esto es lo que se llama un sistema de connotación, es decir, muchos signos distintos que apuntan al mismo sitio. En la ciudad, el indígena quechuahablante, ve un inmenso laberinto de objetos y personas donde a cada paso, los objetos y las personas, en un lenguaje silencioso le repiten incesantemente la consigna ideológica: "tu eres indio, y cuanto antes dejes de serlo, mejor. Podrás ser parte de nosotros cuando dejes de ser indio; mientras tanto, puedes ser nuestro sirviente, vendedor ambulante, lustrabotas o peón; tu cultura no vale nada; tu única posibilidad es aprender castellano e irte a vivir en las barriadas con los otros".

Esta es la calamitosa realidad de nuestras "minorías étnicas" (como tan graciosamente llaman nuestras autoridades y funcionarios públicos a los grupos aymara-quechuas y demás etnias selváticas, queriendo quizá con ello, minimizar la magnitud de "lo étnico"). La lucha contra la exclusión y el segregacionismo racial debe ser un imperativo de primer orden.

La Pobreza en el Perú: una breve aproximación

Dentro de los países de América Latina, el Perú es uno de los más pobres. Lo corroboran múltiples informes de organismos internacionales como el PNUD, BID, CEPAL y otros. Todos ellos señalan que más del 50 po ciento de la población peruana (estimado en 28 millones de habitantes), no satisfacen adecuadamente sus necesidades más elementales: alimentacion, salud, educación y vivienda. Y de éstos, aproximadamente el 20 por ciento, viven en condiciones de extrema pobreza, es decir, en condiciones de indigencia.

Muchas son las causas y los factores que ocasionan la pobreza. Las investigaciones al respecto nos dicen que son originadas por deficientes programas de educación escolarizada; falta de claridad en las políticas económicas y sociales; inequidad en la distribución de la riqueza; vestigios de estatismos y populismos que han impedido la liberalización de la economía; ausencias de actitudes en pro del desarrollo; corrupción generalizada en las esferas del poder; y un largo etcétera.

Si bien es cierto que la pobreza en el país, lo arrastramos desde el mismo momento de la conquista española, también no menos cierto es que a partir del acelerado y caótico proceso de urbanización (experimentado sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado) la pobreza andina, aquella que inunda totalmente a los pueblos y comunidades indígenas y mestizas -siendo éstos el segmento mayoritario de la poblacion peruana- irrumpe en el escenario social de las ciudades costeras, para quedarse definitivamente instalada, a vista y paciencia de todos los citadinos y sus autoridades. ¿Que había pasado? Pues, simplemente, que la pobreza se presentó ante los ojos de los demás, ya que estuvo "escondida" por muchos años en los remotos parajes abruptos de los andes serranos.

A partir de su instalación, permanencia y expansión en las ciudades, la pobreza empieza a ser analizada ya no como un problema marginal de unos cuantos individuos, sino como un problema social emergente, Y, por lo mismo, el gobierno central empieza a tomar cartas en el asunto, más por la presion de ciertos países del "Primer Mundo", que como un deber para los ciudadanos afectados por la carencia de los medios indispensables de existencia. El diseño e implementación de algunos programas asistencialistas (promovidos en gran parte bajo esquemas funcionalistas y desarrollistas, desde las metrópolis académicas de los países capitalistas, como el famoso modelo "Desarrollo de la Comunidad") fracasan estrepitosamente. Más que por otra cosa, por la imposición vertical de valores ajenos a los patrones conductuales y valóricos de los migrantes pobres. Los siguientes intentos, mediante políticas macro económicas (crecimiento económico) y sociales ( redistribucion del gasto social) tambien terminan en fracasos porque, simple y llanamente, no afectan en lo mas mínimo las estructuras del Poder. O sea, del poder del Estado.

Y desde esos aciagos momentos, en que la pobreza se hace visible en toda la sociedad peruana, muchos han sido los esfuerzos que se han desplegado en su nombre, y ninguno ha servido para nada. Algunos con buena intención, otros con voluntad de lucrar con las desgracias ajenas. Porque sabido es que, estas muchedumbres empobrecidas, son apetecidos por los politiqueros inmorales y corruptos que solo buscan votos y cuando estan en el poder se olvidan de ellos. Y ante este panorama: ¿Que dicen los jerarcas de la iglesia católica? Ellos, como todos los santos, nos dicen: "¡Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos!".

Los hombres del "cuarto mundo"

Ya hace algunos años que no se habla del "Segundo Mundo" y se da por sentado que con la desaparición del bloque "socialista" esta categoría política ha caído en desuso y por eso ya casi nadie la usa. Sin embargo, es muy frecuente hablar del "Tercer Mundo" para referirse a los países subdesarrollados de Africa, Asia y América Latina. Es cierto que esta categoría del "tercermundismo" es discutible, pero más controvertible sería, mencionar a los hombres del "Cuarto Mundo" ¿Existen estas poblaciones que debieran denominarse así? Yo creo que sí. Veamos el porqué.

En el caso particular de América Latina, los acelerados procesos migratorios del campo a la ciudad del siglo pasado (sobre todo a partir de la década del 50), debido en gran parte al desgarramiento del mundo rural, dio origen a la irrupción de inmensos asentamientos humanos que se establecían en las periferias de estas ciudades (y también en las faldas de los cerros que la circundan) y que, al no ser incorporadas laboralmente por una incipiente industría capitalista, se constituyen en poblaciones marginales donde la miseria y la frustración se dan la mano y la dignidad humana es totalmente olvidada, cuando no pisoteada.

Estos migrantes -básicamente de extracción indígena y mestiza- se encuentran, al llegar a su nuevo destino, con una realidad social distinta a la soñada. La "fabulación" de ser acogidos con cariño y protección por la segunda "madre" (la primera, la "Pacha Mama", no supo defenderlos de la voracidad insaciable de los usurpadores de tierras) se diluyen como pompas de jabón y pronto despiertan a una sociedad conflictiva entre los de "abajo" y los de "arriba", entre los que despilfarran y los que están hambrientos, entre unos pocos que siguen en la "facilidad" de la vida y los millones de seres humanos que luchan en la pobreza para sobrevivir.

De aquí en adelante a estos migrantes rurales solo les queda el único camino viable para su supervivencia: la adaptación. El camino no es nada fácil. Sienten que su desplazamiento no solo ha sido de naturaleza geográfica sino también sicológica. Asimilar los nuevos valores urbanos les cuesta demasiado, pero no queda otra elección. Así, y de a poco, van integrándose a la vida citadina, sobreponiéndose al rechazo y la falta de solidaridad de sus gentes. Los únicos lazos solidarios son con sus mismos paisanos y con las gentes de su misma condición cuando recién se instalan en terrenos eriazos (sean públicos o privados), más como una manera de defensa frente a la agresión del Estado que de altruismo consensuado. Y de hecho la represión viene con el afán de desalojarlos y ojalá expulsarlos a sus lugares de orígen, pero ellos resisten. Y seguirán resistiendo, hasta que por fin los dejan en paz y donde están. Quedan posicionados, pero marginados. Quedan con sus ranchitos de cartones y esteras, con sus frágiles casitas de adobe y barro y con sus hambres y penurias a cuestas. Pero quedan. Quedan marcados, para toda la vida, por las instituciones gubernamentales como "áreas problema" u "áreas problemáticas". Ellos, los marginados, no lo saben ni lo entienden.

A estos asentamientos poblacionales que emergieron en esas oleadas migratorias y que todavía siguen acogiendo a nuevos migrantes empobrecidos, ensanchando cada vez más los suburbios misérrimos y periféricos a los cuales el "gasto social" del Estado no llega (pero sí la represión cuando la protesta se desata), a estos seres humanos que se esfuerzan, día tras día, por salir de la miseria y la marginación y que están ubicados en las frías estadísticas dentro de los niveles de "pobreza" y "pobreza critica", a ellos les denominamos los "Hombres del Cuarto Mundo".