La corrupción de cada día

Aunque muchas personas piensen que el problema de la corrupción es consustancial a la existencia del hombre, creemos que la corrupción, tal como se manifiesta hoy en día, es la expresión concreta del resquebrajamiento ético y moral de los individuos condenados por un sistema social decadente (capitalismo neoliberal), sin ningún horizonte altruista y mucho menos humanista.

En efecto, solo un sistema social que alienta a los individuos a conseguir logros materiales (“tanto tienes, tanto vales”) puede tolerar y hasta auspiciar el comportamiento del “todo vale” en el camino de la obtención de ganancias. Y en este proceso de ganar dinero, a como de lugar, se van tejiendo vastas "redes" de negociados en los que son piezas claves personas investidas de autoridad (o colocadas en cargos públicos), las que se valen de su poder e influencias para favorecer intereses deshonestos y ganancias ilícitas.

El flagelo de la corrupción se ampara en silencios “ruidosos”, en manipulaciones "reservadas" que procuran no dejar rastro. Una vez que alguien ha cedido a las insinuaciones de la corrupción, adquiere lo que vulgarmente se llama “rabo de paja” y se ve en la necesidad de callar y aceptar, mal que le pese, un status de complicidad.

La corrupción se da, ante todo, en las personas, pero se institucionaliza en una estructura social cuando se generaliza creando, progresivamente, relaciones de interdependencias de las que es difícil prescindir, incluso para aquellas personas que no son corruptas y detestan la corrupción. Es cierto que en todo acto de corrupción hay alguien que corrompe y otro que se deja corromper, sin embargo, influye también el ambiente social corrompido (lo que se denomina como “cultura de la corrupción”) que no estigmatiza ni castiga la corrupción y que, incluso la acepta, cuando no la premia.

Muchos se preguntaran, bueno pues, ¿qué es la corrupción? La respuesta más cercana a una comprensión básica -sin pretensiones sociológicas- la da el diccionario de la Real Academia Española (RAE) que nos dice que corromper significa: “alterar y trastrocar la forma de alguna cosa”. “Echar a perder, depravar, dañar, podrir, sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera”. “Estragar, viciar, pervertir”. “Pervertir o seducir a una mujer”. “Oler mal”.

Asimismo, para el termino Corrupto: “dañado, perverso, torcido”. Corruptela: “mala costumbre o abuso, especialmente los introducidos contra la ley". Corruptor: “que corrompe". Como se ve, el horizonte de las acepciones castellanas del término corromper es muy amplio. Y en todas ellas se acentúa una situación moralmente vituperable, negativa e indeseable. Podríamos subrayar que lo corrompido es lo mismo que podrido o putrefacto. Y nuestra sociedad va en camino de serlo si es que no atacamos, oportunamente, esta “degradación de las buenas costumbres” que destruye la integridad moral y ética del hombre.

En los ambientes en que la corrupción política y social es harto visible, se aducen excusas ramplonas con el fin de minimizarla como: “la ‘comisión’ es parte de las licitaciones”, “todos están dentro, nadie esta afuera”, “si no pago el ‘diezmo’ me quedo sin obra”, "la coima ha existido y existirá por siempre", “negocios son negocios”, “todos lo hacen” y un largo etcétera. ¿Por qué no nos escandalizamos? Pues, porque directa o indirectamente estamos siendo parte de todo este proceso vicioso que nos obliga a pensar que los delitos de tráfico de influencias, tráfico de información confidencial, malversación de fondos, prevaricación, cohechos, fraudes, extorsiones, chantajes, sobornos, etc., etc., no son tan execrables como los delitos de terrorismo o narcotráfico. Craso error. Los ejemplos que nos ofrecen algunas sociedades (por ejemplo México y Colombia) donde el crimen organizado del narcotráfico (“carteles”) ha invadido no solo el tejido social sino hasta las mismas estructuras estatales, nos evidencia las aciagas consecuencias de haber sido permisibles con la corrupción.

Pero, ¿se puede hacer algo? Por supuesto que sí. Creemos que el problema de la corrupción – en todas sus formas- debe afrontarse desde las diversas instancias del Estado como de la sociedad civil. Debe partir reconociendo el hecho de que su propagación radica en factores personales y sociales, derivados de la falta de formación ética y moral y de muy bajos ingresos monetarios. Y, por cierto, no es sólo un problema circunscrito a la realidad de nuestro país subdesarrollado, sino que tiende a ser cada vez mas "globalizado". Por ello, una acción concertada entre los distintos países que sufren las consecuencias de esta lacra social, debiera estar como primer punto en la agenda internacional.

Quizá las acciones más inmediatas serían la búsqueda de un nuevo enfoque de la educación que tienda a perfilar una formación moral sólida, fundada en principios firmes que reivindiquen el rescate de valores ciudadanos para una mutua y sana convivencia. Así mismo, elegir autoridades y funcionarios públicos que prediquen con el ejemplo exhibiendo una conducta sobria en el ejercicio del poder y una actitud transparente en el manejo de los recursos públicos del que disponen.

Sin embargo, poco se avanzaría en la lucha contra la corrupción si es que no se sanciona drásticamente al corrupto, es decir, tanto al que corrompe como al corrompido. Recuérdese que pocas cosas pueden ser más desalentadoras y denigrantes que los corruptos gocen de una completa impunidad. Algo tiene que hacerse, pero ¡ya!, antes de que la corrupción nos alcance a todos.

SER POBRE EN EL PERU

Pese a que el gobierno del señor García se empeña en hacernos creer que la pobreza se bate en retirada lo cierto es que este mal endémico -consustancial al Perú colonial y republicano- aun se mantiene incólume y quizá si hasta con mayor incidencia en las poblaciones urbanas y rurales de las regiones andinas.

Todos los estudiosos de esta problemática señalan que la pobreza es un fenómeno multidimensional. Y por ello su medición está sujeta a diferentes instrumentos los cuales, muchas veces, son poco confiables y hasta contradictorias.

Las cifras optimistas que muestra el gobierno actual están fundadas en una medición monetaria la cual evalúa si un individuo es capaz o no de satisfacer sus necesidades básicas en función de los ingresos mensuales que percibe. Así pues, se considera pobre en la ciudad de Lima si el individuo tiene un ingreso menor a 310 nuevos soles (o sea, el equivalente a 107 dólares). Supuestamente, esta cifra es el gasto mensual per cápita para adquirir una “canasta familiar básica”. Sin embargo, el problema es que esta “canasta familiar” está definida con 52 productos básicos que datan desde 1997 y que a la fecha no han sido actualizados.

Probablemente, si se cambiaran estos parámetros de hace 12 años, el porcentaje de pobres no sería el mismo (36,2% pobres y 12,6% extremadamente pobres) que hoy nos muestran.

Si se vive fuera de la capital limeña, en alguna ciudad costera o serrana de mediana importancia, la cifra es algo menor (255 nuevos soles, esto es, aproximadamente, 88 dólares); ahora, si es que se vive en algún pueblito andino, para ser considerado pobre hay que tener un ingreso mensual menor a 197 soles, es decir, 68 dólares americanos.

Pero como esto no es todo, nuestros técnicos se dan el trabajo de medir también la extrema pobreza (miseria) encontrando que en la capital para ser indigente hay que tener un ingreso mensual de 149 soles o menos (51 dólares). Si se está fuera de Lima la cifra baja algunos soles colocándose en 143 soles (49 dólares) y si se vive en algún asentamiento rural andino, la cantidad disminuye hasta los 128 soles (44 dólares).

¿Que nos indican estas cifras mencionadas? Pues, casi nada. Porque si, por ejemplo, usted tiene un ingreso mensual superior a los 311 soles y vive en la capital, según las estadísticas, ya no es pobre. Asimismo, si percibe 150 soles al mes también dejaría de ser indigente y pasaría a ser solamente pobre. ¿Cree usted que cambiando su insignificante salario por un sol más, o un sol menos, cambia su situación social? Obviamente que no. Pero, así son las mediciones de las macro variables.

La situación en la vida real es mucho más dramática que la fría relación de indicadores estadísticos. Un amplio sector de la población trabajadora solo gana el salario mínimo que se encuentra en los 550 nuevos soles (US$ 189 ) y del cual tiene que alimentar, vestir y educar (ya no se mencione gastos de salud, transporte, recreación, o cultura) a una familia promedio de 4 integrantes. Si la canasta básica familiar se estima en 1,900 soles (655 dólares) saque usted su cuenta que porcentaje de alimentos alcanzaría para cubrir (estamos seguros que ni siquiera alcanza para un almuerzo decente que cubra las calorías, proteínas, vitaminas y minerales que el organismo necesita y que son recomendadas por la OMS). Pero, mucho peor, lo pasan aquellos trabajadores desempleados y subempleados que pululan por las calles, en una búsqueda sin esperanzas de alguna plaza de trabajo, ya no para existir sino, simplemente, para sobrevivir.

Frente a esta situación dramática, al gobierno aprista que conduce el señor Alan García Pérez, no se le ocurre mejor plan que empadronar a las “jefas del hogar” y regalarles 100 soles (US$ 34), creyendo que con esta ridícula suma, se va a paliar en algo la miseria crónica en que viven cientos de miles de familias empobrecidas.

Mientras tanto, las grandes transnacionales siguen llevándose los dólares como ganancias y sobreganancias por toneladas a vista y paciencia de toda la clase política que nos gobierna. No se les pide impuestos a las sobre ganancias sino, simplemente, se pasa el sombrero pidiendoles un óbolo voluntario que no nunca llega. Es que “…si nos ponemos rectos y exigimos que se cumplan las leyes se pueden enfadar y luego dejar de invertir…” es lo que nos dicen. Y así van las cosas con este régimen aprista que alguna vez levantó las banderas del “anti-imperialismo” y el “anti-capitalismo”. ¿En qué momento perderían la brújula?

HONDURAS HOY ¿QUE HACER?

Honduras, país hermano de Centroamérica de casi ocho millones de habitantes y con las tasas más altas de pobreza e indigencia en el continente latinoamericano (65 y 53 por ciento respectivamente), sufre hoy una de las crisis políticas más severa de su historia republicana, agravada en estos últimos días con el regreso del presidente Manuel Zelaya, tras 86 días de oprobioso destierro al que fue impuesto por el gobierno de facto de Roberto Micheletti y comparsa.

Si fue un golpe de estado o fue un “golpe de gobierno” el que derrocó a Zelaya no interesa tanto como si interesa saber que en estos momentos el pueblo hondureño viene siendo reprimido salvajemente, al estilo pinochetista, no solo con las bombas lacrimógenas, vomitivas e irritantes -que oportunamente le ha alcanzado nuestro “demócrata” presidente peruano Alan García Pérez- sino también con balas, torturas y encarcelamientos masivos, por el solo hecho de pedir la restitución de su presidente en el poder.

Si en el siglo pasado los golpes se planeaban en los cuarteles, hoy los derrocamientos de gobiernos, legitimamente constituidos, se planifican desde las instancias del poder civil del estado. En el caso concreto de Honduras, el golpe se fraguó en el seno mismo del congreso y del poder judicial, en coordinación con la iglesia católica y ese pequeño grupo de familias oligarcas (poder fáctico) que controlan todos los resortes del sistema económico-financiero y los medios de comunicación. Por supuesto que la ayuda estadounidense no ha estado ausente, pues, como se sabe, el avión que conducía al derrocado mandatario hizo escala en la base norteamericana de Palmerola como así lo ha señalado, recientemente, el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de los EEUU.

Ciertamente, la situación política que hoy vive Honduras es sumamente complicada pero algo se tiene que hacer. ¿Qué hacer? A nuestro parecer, creemos que el camino de la negociación no es viable. Las intenciones de la ONU, de la OEA, o el “Acuerdo de San José” no conducen a una solución integral del problema. Los únicos actores que pueden determinar la resolución de esta crisis son los hondureños mismos y mas, precisamente, las clases trabajadoras (campesinos, obreros, pequeños industriales, artesanos, comerciantes, etcétera) los estudiantes, las amas de casa, los empleados públicos, los intelectuales, los artistas, etc. Todos ellos que conforman los sectores medios y “los de abajo” (o “ciudadanos de a pie” como últimamente les dicen) son los únicos que pueden trastocar este órden de cosas en beneficio propio.

Creemos que la restitución de Zelaya no es suficiente. Honduras necesita urgentemente reformar las estructuras de un estado burocrático caduco que perpetúa la dominación, la alienación y la explotación de las grandes masas trabajadoras. La convocatoria a una constituyente es de una necesidad insoslayable, pero también urgen cambios en la economía, la política y la cultura en general. La sociedad hondureña necesita conquistar nuevos espacios de libertad justicia y democracia participativa sobre todo para los de abajo, es decir, para las clases más necesitadas que hoy son las dos terceras partes de la sociedad civil.

Los mecanismos de cómo conquistar reivindicaciones inmediatas pueden ser muchos, pero es impostergable, en el momento actual, la convocatoria de todas las fuerzas productoras del pais y también de las clases medias para impulsar una huelga general indefinida que socave los cimientos materiales que sostienen al actual régimen fascista que no solo está violando los derechos humanos sino que, además, ya ha causado varias víctimas mortales en estos últimos tres días de violenta represión (algunas versiones hablan de 12 muertos) al amparo de los sucesivos toques de queda y el recorte de los derechos civiles.

Solo mediante la lucha de la población organizada es posible revertir esta crisis política “en las alturas” y convertirla en una crisis revolucionaria que permita aglutinar fuerzas en pos de la consecución del poder. El pueblo hondureño puede y debe conquistar el poder. La formación de un gobierno de transición conformado por los representantes de las clases trabajadoras es factible, como factible es la transformación de ese viejo estado al servicio de los poderosos en un estado al servicio de las grandes mayorías. El momento no puede ser más oportuno hoy que las voces y los puños se levantan como un solo hombre. ¡Fe, coraje y honor pueblo hondureño. La victoria es vuestra!

EL ROL DE LA NUEVA INTELECTUALIDAD

Por Felipe Pardo & Aliaga (seudónimo)

LLAMADO URGENTE A LOS INTELECTUALES: RECUPERAR LA DEMOCRACIA Y SUS VALORES ES EL OBJETIVO

El intelectual históricamente ha interactuado con la política. Hoy el llamado es todavía más urgente, y se le exige un involucramiento que implica tanto la participación activa, como consejero o actor en primera persona, o como teórico. En el primer caso es imperativa su autenticidad y testimonio en su hacer y ser; en el segundo caso es importante tener presente al hombre como sujeto y no como un objeto de la política.

Hoy, en un Perú dominado por el ejercicio político vulgar, inferior, patibulario y camorrista, se exige más que nunca la presencia activa de los intelectuales que, directa o indirectamente, influyan positivamente en lo social, político y económico. Es decir, que asuman una tarea ética de servicio intelectual que responda a las aspiraciones y exigencias del pueblo, fácil presa de los partidos políticos corruptos de derechas, vendedores de sebo de culebra o charlatanes telegénicos. Parafraseando a Gramsci, diríamos que los intelectuales deben de estar inmersos en la realidad del pueblo, y deben hacerse intérpretes de sus exigencias. En este contexto, igual que antes, el intelectual debe interactuar con todo lo que tiene que ver con el hombre tanto en su contexto social, como político y económico. Su silencio e inacción son inaceptables, a no ser que sean parte activa de la corrupción y hayan puesto su intelectualidad al servicio del infecto.

Ciertamente, la tarea no es fácil. Sin embargo, la vida del intelectual exige comprometerse. Exige una toma de posición; un asumir actitudes; una lucha llena de desafíos. Y aunque busque un brazo de apoyo secular o de un partido, debe obrar en consonancia con las instancias auténticas de un pueblo que lucha por la propia libertad, la educación, el desarrollo, la decencia en la administración pública y contra la corrupción en todas sus manifestaciones. Aun cuando un intelectual se adhiera a un partido político por el aspecto ideológico que el partido presenta, tiene como tarea ser auténtico, analizar crítica y continuamente la ideología del partido, y orientar su desarrollo en relación a las nuevas situaciones que la historia presenta. Hacer lo contrario, lo anula como intelectual, ya que ser intelectual es por esencia tener lúcida la conciencia y ejercer la crítica en libertad.

El intelectual, como todo ser humano, se enfrenta a un mundo especulativo, interesado, egoísta, tenebroso, corrupto. Este mundo de la praxis, como lo señalaba Sócrates, ciertamente debe ser cambiado y continuar la tarea que otros hicieron a través de la historia. Sin embargo, sus encantos, la situación misma de lo social que Sartre define como una época “carnal y viva”, es ciertamente una realidad que no hace fácil el oficio de ser intelectual. Pero, y a pesar de esta “situación”, el bien y el mal, la verdad o falsedad, la corrupción o la decencia, llaman más que nunca a la puerta del intelectual. Exigen ser dilucidadas a través de una clara dialéctica emancipadora. Es un reabrir las instancias interrogativas a nuevos instrumentos investigativos que enriquezcan el ejercicio mismo de la filosofía. Sólo la toma de conciencia de esta realidad ejercita una función de estímulo, un nuevo llamado a la mayéutica.

Frente al poder o a las clases en el poder; frente a un dogmatismo ideológico; frente a la razón reducida a los simples nexos de producción y consumo, la filosofía en general, y la ciencia en particular, no pueden ni deben permanecer calladas. Sin embargo, toda crítica debe llevar también una alternativa. Una propuesta de un camino alterno. Y es aquí donde de la propuesta se debe pasar a la acción. Es aquí donde el intelectual debe estar disponible, y ser distinto del hombre dogmático y del hombre esclavizado por el poder.

Hoy el país exige un genuino proyecto político que llame irreversiblemente a una profilaxis urgente del sistema gubernamental, a la solidaridad, la equidad y la justicia social. No necesita nuevos profetas, sino intelectuales con un compromiso claro y distinto, que se aparten del aristocrático egocentrismo y se proyecten hacia la disponibilidad y el servicio. Deben ser hombres que garanticen la libertad y una eficacia política. Es decir, deben configurar su acción política y delinear su relación con el poder a través de un empeño y testimonio. Un empeño dirigido fundamentalmente hacia el logro por la justicia social, y un testimonio que confirme con la propia vida ese empeño. De esta manera, se lograría que la relación del intelectual con lo político, bajo el ejercicio de la autenticidad y testimonio, transforme el conformismo, la indiferencia y los males del poder político en una cultura de servicio en pro de la dignidad del hombre y la justicia social. Ha llegado la hora histórica de convocar a los verdaderos intelectuales en una suerte de caterva independista seriamente comprometida con el futuro de nuestro Perú.

LA AMAZONIA BAJO LA LUPA

Por Alfredo Jalife-Rahme

A las turbulencias bélicas de baja intensidad que se escenifican en varios países con abundantes reservas de hidrocarburos se les ha bautizado como “segunda guerra del petróleo”, que va desde Perú hasta Nigeria.

Bajo la ocupación anglosajona de una guerra formal, Irak -después de casi 2 millones de muertos y más de 4 millones de refugiados- ha sido obligado a adjudicar su petróleo a las trasnacionales de los países invasores.

Sin necesidad de ser ocupado por una guerra, el “México neoliberal”, en la peor etapa de su historia moderna de decadencia panista, después de la entreguista “reforma energética” calderonista-beltronista, está maduro para prodigar a las trasnacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña su inmensa riqueza petrolera del Golfo de México.

Todo se vale para capturar los hidrocarburos ajenos: hasta el “indigenocidio” perpetrado en Perú por el gobierno del folclórico presidente Alan García y su primer ministro, Yehude Simon Munaro (con fuertes vínculos con Israel, es decir, con los infanticidas de Gaza), quien fue obligado a renunciar.

Las cifras del “indigenocidio” en la zona amazónica de Perú, curiosamente escamoteadas por la selectiva prensa anglosajona, tan tumultuosa en referencia a los disturbios electorales de Irán, van desde “más de 60”, según Marco Aquino, analista de Reuters (9/6/09), hasta más de 200, de acuerdo con las propias víctimas.

Aquino refiere que “en la extensa región amazónica de Perú se ubican reservas de petróleo y minerales potencialmente lucrativas, pero sus moradores indios están furiosos por haber sido dejados fuera de los planes para obtener ganancias de la selva”.

Un estudio de científicos de la Universidad de Duke, citado por Aquino, expone que “el área total concedida a las trasnacionales cubre más de 70 por ciento del Amazonas de Perú. Por lo menos 58 de las 64 áreas se encuentran en tierras tituladas a los pueblos indígenas”, que el impopular cuan locuaz presidente García, títere estadunidense, ha estigmatizado de “terroristas” y “obstáculo para el desarrollo económico”.

John Vidal, “editor ambientalista” del periódico británico The Guardian (13/6/09), devela lo que se encuentra detrás del ‘indigenocidio” en Perú: “en todo el globo, conforme las trasnacionales de petróleo y minas compiten por los recursos declinantes, las poblaciones indígenas luchan por defender sus tierras y seguido salen perdiendo”.

Perú, pletórico en reservas de hidrocarburos y minería (es el primer productor de plata del mundo), cuenta con 45 por ciento de indígenas, 37 por ciento de mestizos (indígenas mezclados), 15 por ciento de blancos y 2 por ciento de otros orígenes (negros, japoneses y chinos); ahora sufre la peor violencia de los recientes 20 años, lo que ha orillado al gobierno “indigenocida” de la dupla Alan García y Yehude Simon a derogar las leyes (impuestas por decreto presidencial y bajo fuerte presión de Washington) que permiten la privatización y lotificación de las tierras de los indígenas awajun y wambis, con el fin de expoliar sus hidrocarburos y sus bosques, en aplicación puntual del reciente tratado bilateral de libre comercio firmado con Estados Unidos.

Comenta Vidal que “Perú constituye uno de varios países ahora en conflicto abierto con sus indígenas sobre los recursos naturales”, y se asombra cándidamente del silencio de los multimedia anglosajones.

¿No es, acaso, el silencio similar que operó en las carnicerías de Acteal y Aguas Blancas de la dupla Zedillo y Joseph-Marie Córdoba (otro íntimo aliado de los gobiernos infanticidas de Israel), también tratantes de comercio libre y sepultureros de la banca mexicana?

Vidal se aflige del silencio global de los multimedia sobre la expoliación del patrimonio de los indígenas: “prácticamente sin ser reportadas por la prensa internacional, han existido grandes protestas en torno de la explotación de minas, petróleo y bosques en África, Latinoamérica, Asia y Norteamérica. Las presas hidráulicas y plantíos de biocombustibles, así como las minas de carbón, cobre, oro y bauxita, se encuentran en el centro de las mayores disputas de derechos catastrales”.

¿Ignora Vidal que los espirituales “derechos humanos”, ya no se diga los más materiales “derechos castastrales”, solamente son invocados cuando afectan los intereses unilaterales de la banca israelí-anglosajona y las trasnacionales que financia?

Los asesinos de indios en la “gloriosa conquista del Oeste” del siglo XIX en Estados Unidos no eran tan depredadores ambientales como sus sucesores neoliberales: las trasnacionales petroleras y mineras del siglo XXI.

Vidal aduce que “lo que hasta ahora habían constituido incidentes aislados de los pueblos indígenas en conflicto con estados y trasnacionales se ha vuelto más común conforme las trasnacionales, apoyadas por los gobiernos, penetran en las tierras ignoradas, como salvajes o improductivas”.

John Vidal cita a Larry Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington: “Todo está en venta, incluyendo los derechos de los indios. Seguido los gobiernos no reconocen los títulos catastrales de los indios y los grandes terratenientes simplemente se quedan con las tierras”. ¿Dónde radica la novedad?

Bajo la cobertura nuclear de Estados Unidos y Gran Bretaña y el gran engaño del “libre comercio”, lo único que “innova” el neoliberalismo es la legalización de la expoliación de los derechos de las poblaciones valetudinarias.

Vidal enumera las atrocidades contra el medio ambiente y los indígenas, ejecutadas por las trasnacionales petroleras anglosajonas en Nigeria, Ecuador y Papúa occidental (Indonesia), y puntualiza que “en Nigeria una fuerza militar incursionó contra las comunidades opuestas a la presencia de las trasnacionales petroleras en el delta del Níger”, que “provee 90 por ciento de las ganancias del gobierno” y donde Shell ha depredado el medio ambiente de los pueblos aborígenes Ijaw. Es la historia de siempre y por doquier con las trasnacionales petroleras anglosajonas.

No faltan sofismas interesados que culpan a la existencia misma de los indígenas, quienes se oponen a la “modernidad”, como es el caso de Víctor Menotti, director del Foro Sobre la Globalización, con sede en California, citado por Vidal: “es una guerra paradigmática, que va del Ártico a la selva tropical. Donde se encuentren pueblos indígenas habrán conflictos de recursos. Es una batalla entre las visiones industrial e indígena del mundo”. ¡Vaya fatalismo unilateralista! ¿No le pueden entregar sus derechos catastrales a los indios sin ofender la naturaleza ni el progreso?

El problema, gravísimo de por sí, es mucho más aterrador, ya que en el manual neoliberal de la plutocracia oligárquica y oligopólica anglosajona no tienen cabida el medio ambiente ni la clase media ni los pobres, ya no se diga los indígenas.

PERU: NO NOS EQUIVOQUEMOS DE NUEVO

Por: Carlos Angulo Rivas (poeta y escritor peruano residente en Canadá)

En primer lugar debemos rechazar el falso mensaje de algunos políticos de oposición, analistas y ONGs, al señalar que las muertes de los 24 policías y un indeterminado número de nativos y pobladores en el genocidio perpetrado por Alan García en la amazonía, se debió a la soberbia, el capricho y la terquedad del Ejecutivo y el Congreso.

No señores, la soberbia, el capricho y la terquedad son aspectos subjetivos y por tantos secundarios, lo que hubo fue intransigencia y fanatismo en defensa de los intereses y las inversiones de las empresas transnacionales en esa lotización de millones de hectáreas de la selva peruana, incluyendo ríos, bosques y pueblos-etnias originarios, ya facilitadas en contratos de exploración y explotación. En segundo lugar, no ha habido ninguna "victoria popular" en cuanto al retroceso del gobierno que ahora sí quiere derogar los decretos legislativos 1090 y 1064 y promete levantar el estado de sitio en las provincias amazónicas y el toque de queda en Bagua.

En verdad, estamos frente a un retroceso táctico donde subsisten los intereses económicos de la intransigencia del gobierno, contratos ya firmados e implementación del TLC con Estados Unidos. Bajo el manto político de los extravagantes artículos "El perro del hortelano", Alan García tiene contratos vigentes con empresas españolas, norteamericanas, coreanas, chilenas, etc., habiendo comprometido 63 millones de hectáreas en la selva. Por ejemplo, las empresas petroleras que están operando activamente en la amazonía, con negociaciones directas del Ejecutivo a través de Petro Perú, son las siguientes transnacionales: Pluspetrol Norte, Korea National Oil Corporation, Daewoo International, SK Corporation, Maple production, Burlington - Conocophillips, Repsol, Petrobras, Barret, Hunt Oil Company, Occidental, Petrolífera, Sapet, Pan Andean, CCP, Hocol, Amerada Hess, Cepsa y Talismán; todo esto sin contar los proyectos del etanol y la extracción maderera. Entonces, como puede deducirse, los inconstitucionales decretos legislativos materia del conflicto con los nativos venían a ser, en buena cuenta, decretos "regularizadores" de ilegalidad de los contratos impuestos de facto. Por consiguiente, una vez derogados los decretos legislativos que regularizaban las inversiones de la política de hechos consumados de Alan García, se entraría a un vacío legal, en tanto que los contratos vigentes con las transnacionales pasarían a ser nulos "ipso-jure."

Y no puede haber "victoria popular" porque el retroceso gubernamental no ha sido debido a la serena reflexión frente a la criminal acción del etnocidio iniciado en la amazonía con la política del "perro del hortelano," sino por miedo a la insurgencia popular en todo el país, puesto que Alan García estaba acosado y próximo a caer. El diálogo, como señaló García Pérez hasta el cansancio, se dio de mil maneras, por supuesto mediante la prolongada "mecida" a los dirigentes indígenas de todas las etnias. Restablecer el diálogo derogando los decretos legislativos 1090 y 1064, cuando se ha perdido la confianza en el gobierno, es sólo torear la embestida de la población contra el gobierno. Además, el gobierno se está dando oxígeno para insistir en la legislación con decretos similares cambiándoles apenas la numeración, debido a la ocupación transnacional ya advertida en la amazonía. Seamos francos, el gobierno durante el diálogo de 55 días con la AIDESEP sentenció que de ninguna manera las normas podías ser anuladas y eso es veraz porque sin la aprobación en el Congreso y sin conversar con las etnias nativas como ordena la constitución y el decreto 169 de la OIT, Alan García ya había vendido la selva al mejor postor atentando contra las reservas naturales de la nación, la soberanía nacional y la seguridad de la integridad territorial del país.

Sin embargo, nos alegramos del retroceso del gobierno anunciado por el pelele Yehude Simon porque, por el momento, se evitarán nuevos derramamientos de sangre, ya que después de lo visto nadie nos asegura la paz fructífera; y una nueva arremetida violenta puede ocurrir repitiendo la historia de las masacres a las que acostumbra este gobernante acusado de genocidio desde su primer gobierno. Daisy Zapata, reemplazante del líder nativo Alberto Pizango, afirma: "el movimiento indígena no entiende el razonamiento del Gobierno" "esta reacción tardía del Ejecutivo se debe a la presión de todos los peruanos y de la comunidad internacional que, a través de extensas muestras de solidaridad, protestaron y sentaron una posición contra el Gobierno por su accionar del 5 de junio" "Debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades." Ella está en lo cierto, el problema será cuando el gobierno "oxigenado" vuelva repetir la "mecida" en los diálogos y alrededor de los decretos derogados se aprueben unos nuevos con distinto número pero en esencia los mismos. Eso en cuanto al problema de fondo: los ilegales contrato vigentes con las empresas transnacionales.

El otro aspecto, por el cual no debe ni puede cantarse "victoria popular" parte de las preguntas y respuestas simples, que precisamente por ser simples son las más acertadas. Las preguntas van para cualquier peruano con o sin uniforme: ¿si usted estuviera frente al asesino de uno o más de sus hijos, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino de su padre, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino de su madre, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino sus hermanos, tíos o sobrinos, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino de un amigo íntimo, un novio, una novia, cómo actuaría? Las lógicas respuestas, son reflexiones que deberíamos hacernos todos. Así de simple. ¿Dejaría usted escapar al asesino, le daría carta blanca para que siga actuando, lo perdonaría por un acto de bondad suprema? La gran mayoría dirá NO. Seguro, algunos lo querrían castigar con sus propias manos; otros lo entregarían a la justicia para que pague por sus crímenes. Esa es la única verdad. Alan García ha cometido genocidio, ha ordenado una limpieza étnica, el peor crimen de lesa humanidad. Y debe ser juzgado por ello, en acumulación a los crímenes de su primer gobierno. Un hombre acusado de genocidio por todos sus contornos, con las manos manchadas de sangre, no puede personificar a la nación y de ninguna manera puede ser un interlocutor válido. Todo el gobierno aprista debe irse. Ese es el otro problema de fondo, que nada tiene que ver con las "inversiones negociadas" a puerta cerrada por Alan García con las empresas transnacionales extractivas de las reservas nacionales estratégicas. Hoy contratos sin amparo de ley.

Post Data: Las negritas son mías.

POR FAVOR, ALAN, ¡ ESCUCHAME !...

Por: Amadeo (Comentario en el diario "La República" - Sáb, 13/06/2009)

POR FAVOR, ESCUCHAME ALAN :

YO ESTOY DE ACUERDO CONTIGO QUE LA INVERSION EXTRANJERA ES UNA FUENTE DE DESARROLLO. PERO COMO PERUANO, TE SUPLICO, TE RUEGO, TE EXIJO QUE ME CUENTES CUANTO APORTA AL GOBIERNO UNA COMPAÑIA QUE EN EL AEROPUERTO COBRA 5 SOLES POR UN VASO DE INKA KOLA. UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS QUE COBRA MAS DE 200 DOLARES POR NOCHE. O CUALQUIER OTRA EMPRESA QUE SACA INTELIGENTE PROVECHO DESDE QUE MACHU PICCHU ATRAE UN SINNUMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS POR SER CONSIDERADO LA 7MA. MARAVILLA DEL MUNDO. ES POSIBLE QUE TU "REBELDE" ENEMISTAD CON LA IZQUIERDA TE MANTENGA AJENO A QUE EN CUBA, DESDE 1991, CUALQUIER EMPRESA ESPAÑOLA, (principalmente), FINANCIA Y EDIFICA UN HOTEL Y QUE EL CONTRATO QUE FIRMA, SEÑALA AL ESTADO COMO POSEEDOR DEL 51% DE LAS ACCIONES. CUBA TIENE EMBAJADA EN EL PERU, AVERIGUA ESTE DATO. SI UNA EMPRESA DE SERVICIOS EN CUBA, PROPORCIONA EL 51% DE LAS UTILIDADES AL ESTADO, ESTIMO YO (y creo no estar loco), QUE NO TIENE EL MENOR SENTIDO COMUN, QUE EMPRESAS EXTRANJERAS, QUE EXPLOTAN NUESTRAS RIQUEZAS NATURALES, NOS " REGALEN " NO MAS DEL 20%. EN ESTE PARTICULAR, TU SI ESTAS ENTERADO. TU TAMBIEN HICISTES TUYA EN LA SEGUNDA VUELTA, LA PROMESA ORIGINAL DE HUMALA DE REVISAR LOS CONTRATOS MINEROS. QUIZAS EN " EL PERUANO " (que yo nunca leo), O EN CUALQUIER OTRA FUENTE INFORMATIVA, TU LE DICES AL PUEBLO CUANTO EXPLOTAN CADA AÑO CADA EMPRESA. YO ME ENTERE POR CASUALIDAD, CREO QUE FUE EN " LA REPUBLICA " QUE YANACOCHA, PRODUJO EN EL 2005, LA CANTIDAD DE 3 MILLONES 300 MIL ONZAS DE ORO. A UN MODESTO CALCULO DE 600 DOLARES CADA ONZA, LA EMPRESA PRODUJO CERCA DE 2 MIL MILLONES DE DOLARES. Y QUE SU APORTACION AL ESTADO POR 2 DIFERENTES IMPUESTOS ALCANZO CERCA DE 300 MILLONES. SI ESTIMAMOS, QUE LOS COSTOS DE PRODUCCION FUERON 300 MILLONES Y LOS SUMAMOS A LOS 300 QUE DIERON AL GOBIERNO, TENEMOS ENTONCES QUE LA EMPRESA " SE GANO HONRADAMENTE " UN MIL 400 MILLONES DE DOLARES, Y QUE NOS DIO " JUSTICIERA Y CARITATIVAMENTE " 300 MILLONES DE NUESTRA PROPIA RIQUEZA. EN FUTUROS CONTRATOS, FUENTES DE DESARROLLO, TU DEBES EXPONER AL PUBLICO, CON TODA CALMA, CON TODA CLARIDAD, LOS DETALLES QUE EXPONGAN QUE TU, REALMENTE, LUCHAS, VELAS, POR UN PRODUCTO QUE SIGNIFIQUE ELIMINAR LA POBREZA, EL ANALFABETISMO, MEJORAR EL PRECARIO CUIDADO DE LA SALUD. EN FIN, LOGRAR QUE EL DESARROLLO BENEFICIE NO SOLO A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS Y A LOS " PATRIOTICOS PERUANOS " QUE LOS APRUEBAN. LUCHA PARA QUE MEJORE EL INDICE DE INGRESOS DE LA MAYORIA TRABAJADORA, Y QUE EL CONSUMO NO MALTRATE ESE BAJO INGRESO CON UN IGV DE CASI 20% Y QUE INCLUYE MEDICINA Y ALIMENTO. AMA A LA NATURALEZA, AMA AL SER HUMANO, IMPON SEVERAS MEDIDAS QUE EVITEN LA CONTAMINACION AMBIENTAL, EVITA MAS OROYAS CON ALTISIMO NIVEL DE PLOMO EN LA SANGRE DE SUS HABITANTES. SI REVISAS LOS CONTRATOS MINEROS, CON TODA SEGURIDAD QUE LAS MAS DE 30 MINAS PRODUCIRIAN A UN JUSTICIERO 50%, SUFICIENTE DINERO, QUE NO HARIA FALTA DESTRUIR LA AMAZONIA, QUE ES PRACTICAMENTE EL ULTIMO PULMON QUE LE QUEDA AL MUNDO. CON UN CONTRATO AL 50%, LA MINA DE ORO DE YANACOCHA HUBIERA PROPORCIONADO AL ESTADO CASI 500 MILLONES DE DOLARES MAS... ¿Y LAS OTRAS MAS DE 30 ... MI QUERIDO ALAN ?.

Post Data: Las mayúsculas son del autor. La imágen corresponde al blog "Puca Picante".